Como ya existía una denuncia previa presentada por un particular en el año 2010, que estaba siendo atendida por el fiscal Aníbal Lafourcade, el coordinador del Ministerio Público en Concordia, dispuso que el fiscal en turno, Mario Guerrero, inicie una investigación a partir de la denuncia periodística del diario Redes de NOTICIAS del jueves 28 de noviembre, y que ésta se acumule a la pesquisa original del fiscal Lafourcade y que ambos lleven juntos la investigación.
Los fiscales se encuentran en la etapa de análisis de la información y hasta ahora no han pedido la producción de nuevas pruebas.
El Ministerio Público, responsable de llevar adelante la acusación ante la presunción de delitos, encargó el trabajo a los dos fiscales frente a una causa que se prevé será muy compleja por cuanto involucra presuntos negocios incompatibles entre funcionarios públicos, bienes del Estado que les fueron confiados y particulares, con la constitución de sociedades radicadas fuera de la provincia y empresas presuntamente fantasmas.
Una investigación publicada por el diario NOTICIAS el jueves 28 reveló que el presidente de la Codesal, Luis Mazurier, tomó para sí la explotación del estatal hotel Ayuí a través de una empresa unipersonal que tiene domicilio en el medio del campo encabezada por un joven de 29 años, empleado de la Codesal y con supuestos vínculos familiares con Mazurier, en lugar de llamar a licitación para concesionarla o ejecutarla a través de la Codesal directamente, como lo hace con las Termas del Ayuí, ubicadas al lado del hotel.
El informe hizo público que una pericia llevada a cabo por un interventor designado por la Justicia encontró que la facturación por la venta de servicios hoteleros del hotel Ayuí en lugar de ser efectuada por la empresa que tomó la concesión en 2002, Balace SRL, la realizaba Alberto Jesús Villanueva, un joven de 29 años, que según aseguraron fuentes fidedignas a diario NOTICIAS funge como capataz de la Codesal. Incluso afirman que tendría lazos familiares con el presidente de esa Corporación estatal. De corroborarse en sede judicial que el presidente de la Codesal usó a Villanueva para fraguar negocios particulares con bienes del Estado se estaría ante la figura penal de negocios incompatibles con la función pública.
