Desde ATE Entre Ríos calificaron la situación del organismo de "acuciante" y puntualizaron ver "cómo día a día se degrada la capacidad del Estado de mantener operativo el organismo que es garante de la calidad de los alimentos que llega a la mesa de los argentinos".
Mencionaron que "esta garantía sobre la calidad agroalimentaria se paga con sueldos de hambre, contratos basura y tercerización de servicios", focalizando en que "hay un creciente desfinanciamiento. Y sobre todo un tratamiento despectivo hacia nuestro trabajo".
Describieron que "la mayor parte del personal del organismo está bajo contrataciones transitorias o contratos basura tercerizados por fundaciones. En algunos casos estas Fundaciones son controladas por el poder económico que el organismo debe controlar, un círculo perverso donde el poder económico tiene la posibilidad de torcer los controles a través de aprietes, o lo que es peor determinar favoritismos a la hora de efectivizar un contrato. Es meter el lobo en el gallinero".
