"Supuestamente está todo dentro del marco legal y por eso le dieron arresto domiciliario", lamentó María Nieves, mamá del joven. "Nosotros entendemos y comprendemos todo, pero es increíble que a un asesino común lo condenen pero con él (por Acosta) todavía estén dando vueltas siendo que, además de que mató a mi hijo como un perro, es funcionario policial y tendría que cuidarnos".
Actualmente la causa esta parada porque jueces y abogados están en feria judicial. "Mientras ellos están de vacaciones nosotros estamos sufriendo", dijo el papá de Sebastián, Pedro Briozzi y remarcó que retomarán el caso cuando se "terminen las vacaciones" porque estamos "descontentos" con la domiciliaria.
"En un primer momento el juez de la causa le dio 90 días de prisión preventiva y con posibilidades de trasladarlo a Gualeguaychú", recordó. "Eso fue un día viernes, el lunes nos llamaron para otra audiencia diciendo que habían apelado y que le daban arresto domicilio porque no existía riesgo de fuga ni nada que pueda entorpecer la investigación".
El abogado querellante, Rafael Briceño, es quien defiende a la familia desde el primer momento y junto al fiscal de la causa, Fabio Zavaleta, echaron por tierra la mayoría de los argumentos expuestos por el imputado al momento de su declaración. En principio Acosta y su compañero, Cabo 1° Horacio Monzón, explicaron que los disparos se dieron en situación de persecución a alta velocidad, que desobedecieron la orden de detener la camioneta y que, cuando lograron interceptarlos en la esquina de San Luis y Quintana, notaron que los jóvenes los apuntaban con un arma, razón por la cual, según alegó el imputado, le disparó. "Mi intención era tirarle al neumático pero trastabille y el tiro salió para otro lado", se excusó.
Nadie habría visto armado a Briozzi
Por otra parte, el fiscal reiteró que no fue identificada la "tal mujer" que le habría dicho a los uniformados que vio un revolver en poder de los ocupantes de la Chery gris. Además, Zabaleta constató que ni la camioneta ni el patrullero tenían rayón ni golpe alguno que "dieran cuenta de una persecución".
En el mismo contexto, el abogado querellante denunció que como no llevaban armas, sospecha que el revólver que fue secuestrado en el lugar haya sido "plantado" con el objetivo de minimizar la responsabilidad del funcionario que disparó. Además, apuntó otro dato revelador: no hubo sólo un disparo "sino que fueron tres", ya que se levantaron esa cantidad de casquillos en calle Quintana, a metros de 25 de Mayo.
"A mi entender es un claro caso de gatillo fácil y seguramente se trata de un caso de falta de profesionalidad o de instrucción del policía", remarcó Briceño a días de iniciada la investigación.
"Tengo casi 40 años de ejercicio profesional y esto de plantar armas es habitual. No es normal que dos jóvenes de trabajo y sin antecedentes fueran a un boliche armados. Además, el policía que estaba en el mismo rodado no vio ninguna amenaza de arma, ni siquiera vio el arma ni en las manos de los chicos ni dentro del vehículo", sostuvo el querellante.
"Dicho por el propio compañero: no estuvo en riesgo la vida ni la integridad física del funcionario, no estaban siendo perseguidos, no escuchó ningún tipo de disparo, ni antes ni después. Tampoco se avizora que sea un mal manejo del arma, como algunos dicen, que trastabilló y se le escapó el tiro. Se secuestraron tres cápsulas de 9 milímetros", sentenció.
En tanto, y para hacer aún más dolorosa la situación, minutos antes de emprender la marcha en reclamo a la prisión domiciliaria María Nieves comentó que Acosta vive a pocas cuadras de su casa. "Tenemos un asesino en el barrio", aseguró, y agregó que su hijo Pedro, quien acompañaba en el vehículo a Sebastián, está en tratamiento psiquiátrico.
"Toda la familia va a hacer un tratamiento para que nos ayude a pasar lo que estamos viviendo", sollozó. "Nosotros no hablamos con nadie, sólo estamos esperando que Urribarri venga a hablar con nosotros. Tenemos depositada toda la fe en la justicia y en nuestro abogado". Los padres de la víctima aseguraron que están esperando una respuesta del Ministro de Seguridad, Mauro Urribarri: "Como funcionario público y responsable de la policía, debería al menos hablar con nosotros y dar la cara por su gente".
