El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) denunció penalmente el año pasado 746 de casos de trata de personas con fines de explotación laboral en el sector rural, a nivel nacional. Fueron rescatados unos 50 menores de edad que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Se trata de los trabajadores golondrinas, peones de la Pampa Húmeda, u obreros de la yerba misionera. La ciudad de Concordia está al tope del ranking.
Durante el período 2013-2014, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) fiscalizó 1.200 establecimientos, con un total de 24.000 personas relevadas. El total de víctimas de trata laboral según las denuncias formuladas por el organismo ascendieron a 746 el año pasado. Este total de víctimas corresponden a 16 denuncias penales. A su vez, en lo que va de 2015, el total de posibles víctimas de trata laboral asciende a 50.
Según la información del Renatea, las 16 denuncias penales corresponden a casos de la ciudad de Concordia (Entre Ríos) a la cabeza con 120 presuntas víctimas de trata laboral. Le sigue Areco (provincia de Buenos Aires), donde se rescataron 106 personas, mientras que en el resto de la provincia de Buenos Aires fueron 145.
Los casos en Corrientes fueron 224. Le siguieron en relevancia Misiones, con 32 víctimas, y el caso de Ramón Puerta, denunciado penalmente el 30 de enero del año pasado. En San Juan hubo 45 víctimas, seguido por Córdoba (32), Salta (18), Santiago del Estero (17) y Santa Fe (7).
En 2008 se dictó la Ley 26.364 que tipificó la trata de personas como delito federal. Del total de casos de trata con fines de explotación laboral, el 90 por ciento fueron identificados en actividades agrícolas y de fabricación de productos textiles.
El Renatea sólo tiene la capacidad de policía para fiscalizaciones laborales, por eso para abordar esta problemática trabaja en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el Ministerio de Trabajo de la Nación y las carteras provinciales. Los peones rurales rescatados son trasladados a sus respectivas provincias. Durante la gestión de Gerónimo Momo Venegas al frente del viejo Renatre (2002- 2011), la fiscalización fue tercerizada a una empresa vinculada a Eduardo Duhalde.
