"Falló el sistema de seguridad y, como consecuencia de esa falla, se produce esta muerte. Por ello, nosotros accionamos ante la provincia para que ellos reparen esa falla e indemnicen a esa madre por el daño futuro y el daño moral" aseguró Martin Jáuregui, el abogado de la familia.
Víctor Rueda tenía 18 años cuando fue asesinado, en el 2014, por dos delincuentes que le robaron su celular. Los autores del crimen fueron Vicente Ramat (autor del disparo y menor de edad en ese entonces) y Carlos Buzzato (conducía la motocicleta en la que se trasladaban y en ese momento estaba prófugo de la justicia luego de que le otorgaran salida laboral). Al respecto, Martín Jáuregui explicó que sobre la base de la sentencia penal en la que se dio por acreditada la materialidad del hecho y la autoría penalmente responsable de un interno que estaba con salida transitoria y que no había regresado, entendemos que el estado provincial es "responsable civilmente" de todas las veces que se ha violentado o incurrido en omisión de los deberes.
"El deber del estado era la gurda, vigilancia, custodia y seguridad penitencial independiente de la responsabilidad subjetiva, por acción u omisión, de cualquier persona física", remarcó el letrado, y agregó que "de haberse respetado, se podría haber evitado la agresión sufrida por la victima".
Finalmente, el abogado concluyó que este tipo de situaciones "deben ser reparadas" por la provincia de Entre Ríos y destacó el fallo favorable que hace lugar a la demanda, teniendo en cuenta fundamentalmente que la defensa "pretendía eludir la responsabilidad". Siempre según Jáuregui, "eso es imposible, porque el mismo informe que viene del servicio penitenciario y del juzgado de ejecución de penas da cuenta de que a Buzzato lo encuentran luego del homicidio, o sea que estaba en situación de prófugo".
Además, aunque había una orden de recaptura "no hubo ningún acto del estado que movilice al personal para recuperar al interno. El estudio criminológico además dio cuenta de que largaron a la calle a una persona que no estaba en condiciones de estar libre ni un minuto. Y esta salida transitoria provocó una muerte innecesaria e injusta y el estado debe repararlo".
