En esas circunstancias, fue hallada una caja conteniendo "una figura humana con un cordón en el cuello", según se precisó a Diario Río Uruguay. Dentro, había una amenaza particularmente destinada a María del Rosario Sosa, secretaria general y presidenta de la Mesa Coordinadora de los Trabajadores de Salto Grande.
Posibles motivos
La gremialista María del Rosario Sosa evitó dar presiones del texto, dado que el hecho motivó una denuncia penal, pero confirmó que incluía insultos hacia su persona.
"Yo personalmente no tengo conflictos y la amenaza fue puesta en el puerta del sindicato", deslizó Sosa. Agregando que "la señora que trabaja acá quedó evidentemente alterada" ante el hallazgo.
También aseveró que "es la primera vez como sindicato que nos pasa esto, acá no pasó nunca. Lo único que puedo decir es que fue en la sede del sindicato, ustedes saquen sus conclusiones".
Notificación y denuncia
Sosa detalló las acciones que se tomaron a raíz del grave hecho. "Tuvimos que reunirnos desde el sábado por este tema. Se resolvió como Comisión Directiva llamar a los abogados, tanto personal como el del sindicato, y hacer la denuncia".
Este martes las autoridades del gremio pudieron informar de la grave situación -mediante una audiencia formal- al secretario de la Delegación Argentina para la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Hugo Mayer.
"Hablamos en primera instancia de la situación que estamos pasando y que todos saben (refiriéndose a los despidos en la Delegación Argentina). Pedimos tranquilidad para seguir trabajando. En segunda instancia, le planteamos lo que nos había pasado el viernes", puntualizó la referente gremial.
La denuncia penal se realizó en sede de Fiscalía General de Concordia este miércoles 20 de julio, "pidiendo protección tanto a nivel personal y como institución", explicitó.
Ante la consulta de si las cámaras de seguridad del sindicato pudieron captar el momento en que fue colocada la amenaza, señaló que el hecho coincidió con el momento en que dicha medida de seguridad está fuera de servicio por una reparación, aunque la Justicia habría solicitado pruebas similares a cámaras de seguridad de propiedades vecinas.
